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Las pruebas de que Bonadío protege a Macri, Iecsa y Techint

 
 
El juez Claudio Bonadio circunscribió su investigación al período 2008-2015, dejando afuera testimonios que comprometen al presidente Mauricio Macri. En el caso de la denunciada IECSA, sus balances eran firmados por Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica de la Nación. Bonadio hizo que una problemática transversal tenga como principal damnificada a la dirigente opositora con mejor intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

El juez federal Claudio Bonadio enmarcó  temporalmente la investigación sobre el caso de los cuadernos y selló su suerte. Al circunscribir la investigación a los delitos cometidos únicamente en el período 2008-2015, desalentó cualquier expectativa de que el “cuadernogate” sirva para poner en caja, a ciencia cierta, a la corrupción. Con ese simple movimiento, el magistrado excluyó de la pesquisa dos relatos que comprometían seriamente al actual presidente Mauricio Macri y benefició a Iecsa y también al Grupo Techint. A su vez, enfocó la causa exclusivamente sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien sindica como la jefa de una asociación ilícita.

Dos testimonios que hicieron referencia a delitos previos al 2008 fueron el del expresidente de la Cámara de la Construcción y titular de Esuco, Carlos Wagner, y el ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, quien dejó su cargo de funcionario en 2007. Ambos buscaron ampararse en la polémica figura del “arrepentido”, que comenzó a aplicarse en casos de corrupción en noviembre de 2016.

Con su declaración indagatoria Wagner dejó expuesto al resto de los empresarios imputados que se habían aferrado a la figura del arrepentido pero no habían dicho la verdad, sino que se habían victimizado y asegurado que lejos de pagar sobornos habían realizado aportes de campaña para el kirchnerismo, extorsionados por el gobierno anterior. Tal fue el caso del primo del Presidente, Angelo Calcaterra. Al inicio de la causa, Bonadio apañó esa estrategia y fue dejando en libertad a cada uno de los imputados que decidía transformarse en una especia de “falso” colaborador. Es que confirmaba lo que decían los cuadernos, pero desvirtuaban el origen y el destino del dinero.

Wagner aseguró que en 2004 el ministro de Planificación Federal Julio De Vido le pidió ser el garante de la cartelización de la obra pública que incluía a distintas firmas. “Entre varias de las empresas que recuerdo de ese momento puedo nombrar Perales Aguiar S.A; Vial Agro S.A; Biancalant S.A.; Losi S.A.; Fontana Micastro S.A.; Marcalba S.A.; Iecsa S.A.; Chediack S.A.; Equimac S.A.; Coarco S.A.; Cartellone S.A.; Vialco S.A. Algunas son éstas”, dijo y se comprometió a brindar más nombres de empresas a medida que las fuera recordando.

Iecsa, en el momento referenciado por Wagner, estaba en manos de la familia Macri, ya que su controlante era Sideco Americana. Por ejemplo, sus balances eran firmados por Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica de la Nación. Recién en 2007 los Macri le vendieron la constructora al primo Angelo Calcaterra, actualmente involucrado en la causa de los cuadernos y la del Soterramiento del Sarmiento, que integra el capítulo nacional del Lava Jato.

Al analizar los delitos a partir de 2008, Bonadio favoreció a la familia presidencial.

Algo similar sucedió con Claudio Uberti quien se refirió a las supuestas coimas que recaudaba de los concesionarios viales. El ex funcionario aseguró que era enviado por Néstor Kirchner a recolectar sobornos mensuales de u$s 150 mil entre cada uno de esos actores. Con su testimonio se abría una nueva puerta que el magistrado decidió dejar cerrada. Entre los grandes jugadores del sector se encuentra la empresa que explota el Acceso Norte, Autopistas del Sol, AuSol, de la que Sideco Americana (como se referenció más arriba, propiedad de los Macri) formó parte en un consorcio. Se desprendió de sus acciones el año pasado.

Por citar tan solo dos ejemplos: al 2006 Luis Freixas Pinto y Javier González Fraga integraban el directorio de AuSol. Actualmente, ambos están relacionados al Gobierno. El primero es el presidente del Correo Argentino y el segundo del Banco Nación. Qué empresas hubiera mencionado Uberti es la gran duda que se abre ahora que Bonadio decidió extirpar estos acontecimientos del expediente que se abrió a partir de las supuestas anotaciones de Oscar Centeno, el exmilitar que hacía de chofer del funcionario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta.

Ante este escenario, no se descartan presentaciones judiciales en las que se pida ahondar en estas cuestiones que fueron dejadas de lado por parte del controvertido magistrado.

Es que resulta por lo demás llamativo que una problemática transversal solo afecte a un sector político y tenga como principal damnificada de la causa a la dirigente opositora con mejor intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Alertas Rojas

Este martes se espera que el empresario y estafador Mariano Martínez Rojas declare en la causa de los cuadernos. Se trata de un pedido que realizó a la Justicia. El detenido se presentará ante el fiscal federal Carlos Stornelli. La línea de lo que dirá puede encontrarse en el testimonio que brindó el viernes pasado ante el juzgado penal económico Nº 8, a cargo de Gustavo Meirovich, donde se lo investiga por su rol en la “mafia de los contenedores”.

Martínez Rojas fue procesado con prisión preventiva por la Justicia en el mencionado expediente en el que se investigan operaciones simuladas de importación y exportación para obtener y sacar millones de dólares estadounidenses durante la gestión anterior pero a su vez ingresó en el programa de protección de testigos porque se presentó como “arrepentido”. Durante la declaración indagatoria que prestó el viernes en esa causa  involucró a exfuncionarios kirchneristas y a un gobernador peronista en maniobras ilegales pero también dejó expuesta a la familia presidencial al asegurar que se transportaba dinero “negro” en empresas aéreas como MacAir. Para las fechas en que mencionó los vuelos la firma todavía estaba en manos de la familia presidencial.

Durante su indagatoria, Martínez Rojas –que se dijo dueño de Tiempo Argentino y Radio América pero nunca pudo acreditar en documentos la supuesta compra a Sergio Szpolski y Matías Garfunkel- relató distintas maniobras relacionadas a la operatoria de la mafia de los contendores pero dedicó un apartado que podría hacer ruido en la Casa Rosada. Afirmó que tuvo en su poder bolsos con dinero cuyo destino “era Formosa, para (el gobernador) Gildo Insfran”. Según sus  ese dinero, que era negro y se utilizaría para la campaña política del 2015, se transportó en un Pasat blindado.  “El Pasat se fue Aeroparque”, y quienes transportaban los billetes “se fueron por Baires Fly, Royal Class y MacAir rumbo a Formosa”, aseguró.

“Viajaban en vuelos privados”, dijo Martínez Rojas, actualmente detenido. “Yo no era el único que operaba con ellos, recaudaban de otros lados también; los viajes de estas empresas no se requisan, por eso las usan, también viajan como avión sanitario, nunca se revisa nada, ni de ida ni de vuelta; ese vuelo aterrizó en Formosa”, añadió.

MacAir fue propiedad de la familia Macri hasta el 2017 cuando, según trascendió, se vendió por u$s10 millones a Avianca. La firma aeronáutica formaba parte de Sociedades Macri (SOCMA) y llegó a tener como apoderado al mentado Clusellas. Baires Fly, por su parte, también está relacionada al primer mandatario. Por caso, fue una de las empresas aéreas que utilizó Mauricio Macri para realizar vuelos de cabotaje al comienzo de su presidencia

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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